Ley de Transparencia Informativa Pública[]
Planteamiento
La esencia de la democracia es el conocimiento por parte de los ciudadanos del proceso de toma de decisión y de los datos y circunstancias que confluyen para que los servidores públicos ejerzan su labor de procurar el bien común.
Es con el acceso a ese conocimiento bajo el que el ciudadano está en la mejor disposición para elegir a aquel que quiere que gobierne, administre y gestione los recursos, derechos y deberes de la ciudadanía.
Por tanto la transparencia es un requisito previo para tener una democracia plena. De calidad.
Por otra parte, la transparencia en las cuentas públicas es indispensable para recobrar la confianza de los inversores y de los mercados.[1]
Las TIC nos brindan hoy la magnifica oportunidad de permitir la publicación inmediata de las decisiones de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros jueces, y de todos aquellos que desarrollan funciones en el ámbito público o en ámbito privado con repercusiones en lo público. Estas posibilidad elevan la calidad de la democracia.
Ley de Transparencia
Una democracia plena y de calidad es, además, una sociedad más fuerte, más competitiva y más libre.
Por tanto la primera medida para conseguir mejorar la calidad democrática de nuestra sociedad es lograr que la transparencia informativa sea una máxima sobre todo en cualquier actividad pública y en las actividades privadas que tengan un impacto público relevante.
Objetivos
1. Lograr que la transparencia informativa sea una máxima sobre todo en cualquier actividad pública,
como en la mayoría de los países europeos
2. Lograr que los datos financieros sean públicos como en otros países europeos
3. Lograr que los informes que hacen los lobbies para influir políticamente sean públicos y sea público quien los hace y quien los recibe
4. Lograr que la transparencia informativa sea la mayor posible sobre las actividades privadas que afectan públicamente
Para ello es necesario:
1. Que sean públicos y accesibles telemáticamente:
• Los datos financieros y tributarios de las personas físicas y jurídicas (como lo son en otros países europeos nórdicos)
• Los actos registrales (de la propiedad, de actividad industrial, concesión de licencias, etc).
• Los informes que hacen los lobbies para influir políticamente además de quien los hace y recibe.
• Las ofertas, adjudicaciones y contrataciones del sector público así como los informes, adendas y cualquier otra información que haya sido
considerada en la toma de decisión.
• Los programas, agendas y planificaciones de las instituciones del sector público así como sus presupuestos y grado de cumplimiento.
2. Que toda la información recibida (o enviada) por un empleado del sector público de (o a) una organización privada y que afecte al ejercicio de sus responsabilidades quede reflejada en un registro telemático.
Así mismo las reuniones o conversaciones deben ser a su vez grabadas y registradas.
Un registro de actividad lobbista (algo que ya tiene EEUU y la UE) es básico para la investigación periodística. Una ley asegurará al ciudadano el control de la gestión pública
3. Que la intercomunicación entre las unidades administrativas de las entidades que desempeñen funciones propias del sector público se realice a través de dicho registro telemático.
4. Que el registro de la intercomunicación tanto en el sector público como entre el sector público y privado debe ser público, transparente y accesible desde la red por la ciudadanía. 5. Que el estado de los procedimientos administrativos y su documentación anexa esté expuesto a consulta pública. Para ello, es necesario modificar la LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que a las TIC no solo se aplique a la mejor gestión, sino también a la transparencia y publicidad del procedimiento administrativo durante toda su ejecutoria.
6. Que en todos los organismos públicos las reuniones y deliberaciones de sus distintas comisiones o comités sean públicos y accesibles por la red así como que las decisiones tomadas estén basadas y justificadas en información científica y técnica contrastada y públicamente disponible, no en informes secretos, ni en las creencias, los intereses o los sentimientos de quienes los componen.
7. Que en todos los organismos públicos estén expuestas las agendas, planes y programas manteniendo permanentemente actualizado su estado y grado de cumplimiento así como un canal de comunicación a través de la red donde ciudadanos y empresas puedan aportar su visión de los mismos y que a su vez estas respuestas y aportaciones sea visibles por todos.
8. Que toda la información manejada en el sector público esté efectivamente a libre disposición de la ciudadanía con la única salvaguarda de no exponer los datos protegidos por la LOPD y la información clasificada por la Ley de secretos oficiales. Para ello es necesario reformar la LEY 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
9. Que exista un etiquetado de productos que permita la trazabilidad de precios, origen y condiciones de calidad así como su impacto medioambiental en toda la cadena.
10. Que exista una regulación sobre la información de productos y servicios comercializados que permita comprobar fehacientemente la calidad ofertada frente a la efectivamente ofrecida.
11. Que todos los datos públicos, con independencia de que su origen sea la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos u Organismos y Empresas Públicas, estén disponibles en formatos abiertos e interoperables, tal como se establece en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Propuestas de Barack Obama obama, la democracia y las nuevas tecnologías • Hacer accesibles los datos gubernamentales a todo el mundo en un formato estándar abierto.
• Establecer programas piloto para ensayar formas de participación de los públicos en la toma de decisiones gubernamentales. Exigir a los organismos y agencias públicas que las reuniones y deliberaciones de sus distintos comités o comisiones sean públicos y accesibles por la red. Restaurar el principio básico de que las decisiones del gobierno se basen en la mejor información científica disponible y no en cualquier otra consideración ideológica de los funcionarios. Suprimir la práctica que impide a los ciudadanos controlar los gastos, contratos, ayudas o contactos con cualquier lobby, ya sea a través de las webs oficiales, ya lo sea mediante buscadores o de cualquier otra herramienta. Ofrecer la posibilidad a todos los ciudadanos de que durante cinco días puedan comentar o criticar en la web de la Casa Blanca cualquier ley no urgente antes de su aprobación definitiva. Traer la democracia deliberativa directa al Gabinete exigiendo encuentros on-line para responder y discutir cualquier asunto antes de que esté resuelto. Utilizar las nuevas tecnologías, incluyendo blogs, wikis y redes sociales, para modernizar las políticas de comunicación entre las agencias o con el público y así mejorar el proceso de toma de decisiones.
Propuestas del PP 2011
-------- Educación / investigación
Elaboraremos un plan de extensión del uso de las nuevas tecnologías, facilitando el acceso a contenidos educativos de calidad y priorizando la formación de profesorado. Implementaremos una infraestructura de apoyo que permita la interconexión, normalización y armonización de todos los datos del sistema español de ciencia y tecnología procedentes de diversas administraciones e instituciones científicas, con formatos interoperables a través de una red de datos unificada . ¿oGov? Avanzaremos hacia el apagón del papel en la administración, mediante la elaboración de un plan nacional para la plena conversión de los servicios de la administración al entorno digital. Desarrollaremos un portal de la transparencia en internet que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones públicas. Incluirá el programa de gobierno y evaluaciones periódicas de su ejecución, información sobre el presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvenciones, así como los nombres y la remuneración de todos los altos cargos y personal de confianza en puestos de asesoramiento técnico o político. Haremos accesibles a través de internet todos los presupuestos de las entidades con participación pública. Se ofrecerá la información más completa, rápida, exacta y accesible sobre todas las incidencias que ocurran desde su aprobación inicial hasta su liquidación definitiva. Crearemos centros de servicios compartidos para generar ahorros significativos y permitir centrar los esfuerzos de los ministerios en las políticas públicas.
Un uso más intensivo de las nuevas tecnologías permitirá generar sustanciales economías de escala. Promoveremos la interoperabilidad de todos los sistemas de tecnologías de información y comunicación de todas las administraciones públicas. Introduciremos los mecanismos de gestión necesarios para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar documentación que ya obre en poder de las administraciones . Justicia : Promoveremos la extensión de medios de control telemáticos, así como alternativas efectivas a la prisión, para delincuentes primarios con delitos de escasa gravedad. Turismo : Impulsaremos el desarrollo tecnológico de las pymes turísticas y fomentaremos la utilización de las TIC en el sector para facilitar la comercialización de sus productos y aumentar su competitividad.
REFERENCIAS:
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-11-2003/abc/Opinion/democracia-y-transparencia-informativa_218365.html http://www.periodistadigital.com/periodismo/object.php?o=39900 http://www.almendron.com/politica/pdf/2007/8964.pdf http://www.elpais.com/articulo/opinion/Transparencia/informativa/democracia/elpepiopi/20080511elpepiopi_5/Tes http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Cebrian/reclama/Gobierno/politica/transparencia/informativa/cdscdi/20080314cdscdiemp_14/Tes/ http://proacceso.org/
LEGISLACIÓN AFECTADA
1. LEY 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 2. LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 3. Ley 48/1978 de 7 de octubre, que modifica la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 4. Decreto 242/1969, de 20 de Febrero. por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968. de 5 de abril sobre Secretos Oficiales. 5. Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales. 6. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 7. Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad. • Decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno (2001/844/CE, CECA, Euratom) • Decisión del Consejo de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo (2001/264/EC)
[1] http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/diazgimenez-iese-crisis-deuda-espana-20101204-61979.html
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Otros grupos de referencia: